Amplían acusaciones contra Ex Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz
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Las acusaciones criminales contra la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, han tomado un nuevo giro con la incorporación de testimonios adicionales que revelan detalles de sus presuntas actividades ilícitas durante su mandato en el Ministerio Público de Venezuela.
Testigos clave, incluyendo un ex fiscal venezolano y un intermediario que operaba para Ortega, han colaborado con las investigaciones federales en Estados Unidos, según fuentes familiarizadas con el caso.
Estos nuevos testimonios se suman a las acusaciones existentes, donde Ortega ha sido vinculada a un elaborado esquema de sobornos, como parte de un caso criminal en Miami que involucra al empresario venezolano Carlos Urbano Fermín.
Urbano Fermín admitió haber pagado alrededor de US$1 millón en sobornos a un “fiscal de alto rango”, presumiblemente Ortega Díaz, para evitar investigaciones sobre sus contratos con la petrolera estatal Pdvsa.
Aunque Ortega ha negado estas acusaciones, su nombre sigue siendo mencionado en diversos casos de corrupción y lavado de dinero, tanto en Estados Unidos como en Venezuela.
Otro caso en cuestión se centra en los sobornos que habría recibido de figuras prominentes del sector bancario venezolano, como Víctor Vargas y Tomás Niembro, mientras era Fiscal General.
Se alega que estos pagos estaban destinados a influir en las investigaciones sobre un esquema de fraude perpetrado desde el Banco Occidental de Descuento (BOD) y sus subsidiarias en Curazao y Panamá.
A pesar de las denuncias, las investigaciones nunca llegaron a su conclusión, y los banqueros mencionados no han enfrentado sanciones por las irregularidades cometidas en el BOD.
Las revelaciones sobre estos presuntos actos de corrupción plantean serias interrogantes sobre la integridad de la administración de justicia en Venezuela durante el gobierno chavista y sugieren la existencia de una red de complicidades que permitió la impunidad de los implicados.
El caso de Ortega Díaz es solo un ejemplo de los desafíos que enfrenta el sistema judicial venezolano, donde la corrupción y la falta de rendición de cuentas han erosionado la confianza pública en las instituciones.