Polémica en la ONU: propuesta de despenalización de pornografía infantil genera debate en negociaciones sobre delitos cibernéticos
Durante las negociaciones en la ONU sobre un nuevo tratado para abordar los delitos cibernéticos, ha surgido una controversia significativa en torno a la despenalización de ciertos tipos de pornografía infantil. Este tratado, que ha estado en discusión durante más de un año, tiene como objetivo principal la penalización de la producción, distribución y posesión de material de abuso sexual infantil en línea. Sin embargo, algunos países occidentales, como Estados Unidos y la Unión Europea, están proponiendo excepciones que permitirían la posesión de este material bajo circunstancias específicas.
Estas excepciones sugieren que el material que no involucra a un “niño real”, o que es generado mediante inteligencia artificial, o creado dentro de una “relación consensuada” y conservado para “uso privado”, no debería ser objeto de enjuiciamiento penal obligatorio. Los defensores de esta postura argumentan que en estos casos, la persecución legal debería ser opcional, marcando un cambio significativo respecto a las prohibiciones universales establecidas hasta ahora bajo el protocolo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
A principios de agosto, algunos países occidentales argumentaron que los menores que comparten imágenes sexualizadas de sí mismos de manera consensuada —ya sea con otros menores o con adultos— no deberían ser penalizados. Argumentaron que estos menores tienen el derecho a desarrollar relaciones sexuales. Por ejemplo, una delegada de Austria justificó que «los niños mayores de 14 años tienen derecho a desarrollar relaciones sexuales» y que podrían crear y compartir imágenes en el contexto de relaciones sexuales voluntarias y legales sin que estas imágenes deban ser criminalizadas.
Este enfoque ha generado una fuerte oposición. Una declaración conjunta presentada por un delegado de Siria en nombre de 22 países, incluyendo Rusia, Arabia Saudita, China e Indonesia, denunció que tales excepciones socavarían el propósito de la convención, que es proteger a los menores. Los países firmantes sostuvieron que el marco jurídico internacional actual ya permite a los Estados adoptar medidas correctivas o de rehabilitación para proteger a los menores, sin necesidad de suavizar las leyes contra la pornografía infantil.
China también expresó su preocupación, insistiendo en que los estándares actuales para el procesamiento de la pornografía infantil deben mantenerse inalterados bajo la Convención sobre los Derechos del Niño. Ruanda advirtió que las propuestas actuales podrían generar “inmunidad e impunidad” para los abusadores sexuales, mientras que un delegado del Congo comparó la despenalización del sexting entre menores con permitirles jugar con cables eléctricos, destacando los riesgos inherentes a tal práctica.
