Gobierno de Colombia y ELN acuerdan atención a presos políticos y personas privadas de libertad

Las delegaciones de paz del Gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron este lunes en Caracas que trabajarán en un plan de atención para las personas consideradas presos políticos en el país andino y para integrantes de la guerrilla que están detenidos en calabozos o penales.

En una declaración conjunta, leída en el acto de cierre del cuarto ciclo de negociaciones, las partes suscribieron un «acuerdo parcial» que contempla que los centros de detención y las prisiones de Colombia pasan a ser considerados «zonas críticas».

El Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla se comprometen al «desarrollo de mecanismos concretos para atender a los presos políticos y personas privadas de libertad reconocidas como integrantes del ELN, recluidos en prisiones y centros de detención del país».

Este pacto es el último de los tres acuerdos difundidos en la jornada, en la que también se anunció la aplicación de acciones humanitarias en «zonas de crisis» en las que la población atraviesa una «grave afectación» por el conflicto armado, que lleva 70 años activo.

Las zonas escogidas fueron Bajo Calima y San Juan, localidades del departamento de Valle del Cauca, así como Sur de Bolívar (Bolívar) y Bajo Cauca (Antioquia), territorio en el que se registraron acciones violentas en las últimas semanas, pese al cese al fuego bilateral pactado, el cual entró en vigor el pasado 3 de agosto y se extenderá hasta febrero de 2024.

La mesa de diálogo podrá definir nuevas «zonas humanitarias», en caso de ser necesarias, luego de analizar las circunstancias que atraviesen estos territorios.

Acuerdo es un paso adelante en el proceso de paz

El acuerdo sobre la atención a presos políticos y personas privadas de libertad es un paso adelante en el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN. Este pacto reconoce la importancia de la reconciliación y la justicia para la construcción de una paz duradera en el país.

El acuerdo contempla que las partes trabajarán en un plan conjunto para atender a los presos políticos y personas privadas de libertad, con el objetivo de garantizar su reinserción social y familiar.

El acuerdo también establece que las partes promoverán la participación de las comunidades, pueblos y demás fuerzas sociales, económicas y políticas en los territorios afectados por el conflicto armado.

Este pacto es un ejemplo de la voluntad de las partes de avanzar en el proceso de paz y de construir una paz estable y duradera en Colombia.