El 2 de mayo pasado, la Asamblea Nacional venezolana aprobó en su primera discusión el proyecto de Ley de Protección de las Pensiones.
Esta iniciativa, presentada por Nicolás Maduro en el marco del Día del Trabajador, busca que las empresas privadas realicen aportes económicos para fortalecer las pensiones en medio del bloqueo económico. El 7 de mayo, la ley fue aprobada en una sesión posterior de la Asamblea Nacional.
El proyecto establece que las empresas deberán realizar pagos al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) equivalentes al 15% del total de los pagos realizados a los trabajadores, incluyendo salarios y bonos.
Camilo London, licenciado en administración y especialista tributario, comentó sobre las implicaciones de esta nueva legislación. Según London, la ley representa una carga adicional para las empresas formales, que ya enfrentan costos considerables.
Este nuevo aporte tributario impactará directamente en el costo de la nómina de las empresas, lo que podría desincentivar la creación de empleo y el aumento de salarios.
A pesar de la noble intención de fortalecer las pensiones, London advierte que esta medida podría afectar negativamente el desarrollo empresarial.
El incremento de los costos laborales podría trasladarse a los precios de los productos y servicios, lo que afectaría a los ciudadanos.
En el peor de los casos, este aumento de costos podría resultar en el cierre de empresas, exacerbando la situación económica del país.
El experto enfatiza la importancia de realizar estudios exhaustivos sobre el impacto económico de cualquier legislación tributaria.
Advierte que es fundamental considerar las posibles consecuencias adversas, especialmente en un contexto económico tan delicado como el de Venezuela.
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